martes, 30 de diciembre de 2008

Memorandum para Presidenciables

Las Organizaciones de la sociedad civil nucleadas en la
COORDINADORA NACIONAL POR LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPRODIS) y el
FRENTE PARAGUAYO POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
se dirigen a los candidatos y candidatas a la Presidencia de la república, vice presidencia, gobernaciones,Congreso Nacional y JuntasDepartamentales, a fin de presentarles el Memorandum de temas prioritarios que solicitamos sean incluidos en sus respectivos programas de gobiernos.

1. Ratificación e implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Este instrumento jurídico internacional representa un adelanto en materia de derechos de las Personas con Discapacidad (PCD) y su ratificación ayudará a cubrir un importante vacío legislativo, además de posibilitar la cooperación internacional para su implementación.

2. Creación de un órgano multisectorial o consejo Nacional por los Derechos de las personas con discapacidad.
Esto facilitará la armonización de iniciativas, recursos y estrategias, tanto públicos como privados, además del establecimiento de metas y objetivos para el monitoreo y evaluación.
Se debe asegurar la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas en éste órgano.

3. Elaboración y aprobación de la Política Pública Nacional en materia de discapacidad.
Aquí se recomienda la adopción del Plan del Decenio por la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad (2006/2016), aprobado por la Organización de Estados Americanos (OEA), en cuya formulación contribuyeron los Estados partes de la OEA y las organizaciones representativas de las personas con discapacidad.

4. Incorporar la Educación Inclusiva en la Agenda y Presupuesto del Gobierno.
Los índices de analfabetismo entre las personas con discapacidad son los más elevados entre toda la población. El noventa por ciento de los niños y niñas con discapacidad no asisten a las escuelas. La educación inclusiva debe reflejarse en los presupuestos públicos en la previsión para la formación contínua y permanente de los docentes en materia de discapacidad, en la adecuación de la infraestructura escolar, técnica y universitaria, en la adopción de la lengua de señas para la educación de las personas con discapacidad auditiva, en la producción de materiales didácticos adaptados, en la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en el sistema educativo, entre otros.

5. Adopción de medidas legislativas y administrativas para mejorar las condiciones de empleabilidad de las PCD, tanto en el sector público como privado.
Esto requerirá la Reglamentación de la Ley 2.479/04 así como su modificación, para asegurar la incorporación de las PCD en las Instituciones Públicas. El Presupuesto General de la Nación debe prever las partidas necesarias para el cumplimiento de la ley así como para las capacitaciones y adecuaciones de la infraestructura y de los puestos de trabajo.
El incentivo tributario y/o de la Seguridad social son necesarios para promover la contratación laboral de lasPCd en el sector privado.

6. Realizar una Encuesta Nacional focalizada en la medición de los diferentes factores relacionados con la discapacidad.
Los datos estadísticos son insumos necesarios para la elaboración de políticas nacionales o regionales así como para la asignación de recursos. La información actual no refleja la dimensión del problema y distorsiona cualquier análisis de la situación.

7. Asegurar la atención, rehabilitación y la salud de las personas con discapacidad.
Actualmente los pocos servicios de atención y rehabilitación están centralizados en la capital por lo que, se requerirá invertir en la formación de los profesionales y técnicos necesarios para prestación de servicios en los hospitales y Centros de Salud regionales.

8. Desarrollar campañas permanentes de sensibilización y toma de conciencia de la ciudadanía hacia los derechos de las personas con discapacidad.
Los estereotipos vigentes en nuestra sociedad contribuyen a que los ciudadanos, en general, perciban a las PCD como carentes de autodeterminación, voluntad, libertad y, por ende, de derechos. Es necesario promover, desde la educación inicial, la aceptación y el respeto por la diversidad de la especie humana.

9. Asegurar la igualdad en dignidad y derechos de las PCD, incluyendo la promulgación de una ley que castigue y reprima todas las formas de discriminación.
Nuestro ordenamiento jurídico cuenta con suficientes disposiciones que prohiben la discriminación tales como, el Art. 46 de la Constitución Nacional y, más especifícamente, la Ley 1.925/02, que ratifica la convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Sin embargo, la discriminación sigue siendo la constante para las personas con discapacidad, tanto desde el sector público como privado por lo que, urge adoptar mecanismos administrativos y jurídicos que permitan erradicar las prácticas discriminatorias.

10. Desarrollar Programas y establecer recursos para apoyar a las familias de las personas con discapacidad.
Junto a cada persona con discapacidad, siempre hay uno o varios miembros de la familia que sacrifican su tiempo y sus recursos para sobrellevar las desventajas de la discapacidad. Estas personas deben recibir información y apoyo del Estado que contribuyan a evitar el menoscabo de sus propias vidas y recursos.

11. Mejorar las condiciones de seguridad y atención de las personas con discapacidad mental en situación de reclusión neurosiquiátrica y/o penitenciaria.
Los establecimientos de reclusión penitenciaria, neurosiquiátrico y otros similares, son meros depósitos de seres humanos en los que los más vulnerables, como las personas con discapacidad mental, viven en condiciones infrahumanas y en permanente violación de sus derechos mas elementales. El homicidio, latortura, la violación y los malos tratos físicos síquicos son la constante en estos establecimientos y constituyen la vergüenza internacional para el gobierno y Estado paraguayo al punto que, ya ha sido objeto de medida cautelar y condena por parte de los Tribunales internacionales. Esto requiere una intervención urgente pero respetando siempre los derechos de las PCD.

12. Establecer los mecanismos administrativos, técnicos y profesionales para la prevención y/o atención de la mujer con discapacidad víctima de violencia.
Los datos estadísticos internacionales nos demuestran que las mujeres y los niños y niñas con discapacidad son los que sufren maltrato, abuso y abandono con mayor frecuencia. Sin embargo, las Instituciones Públicas nacionales (Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de salud, etc.), no cuentan con profesionales especializados para atender a estas personas, ni con infraestructura adecuada ni mucho menos con medios o sistemas de comunicación, como la lengua de señas, por ejemplo. Tampoco existen registros sobre casos de violencia contra las mujeres con discapacidad. Generalmente ni siquiera se tienen en cuenta estas denuncias.

13.Adopción de la Lengua Paraguaya de Señas.
La lengua de señas constituye el medio de comunicación por excelencia para las personas con discapacidad auditiva, universalmente aceptado. La educación de las personas sordas debe realizarse por este medio. También debe asegurarse el acceso a la información para todas las personas sordas, especialmente aquellas relacionadas con sus derechos y con los servicios públicos.

14.Acceso universal para todos los bienes y servicios.
Se requiere el compromiso y la acción decidida del gobierno para que se adopten medidas y se asignen presupuestos que contribuyan a la accesibilidad de todos los bienes y servicios disponibles en la comunidad y, en especial, la eliminación de los molinetes y la incorporación progresiva de unidades accesibles en el transporte público de pasajeros.
La utilización de los molinetes cuentapasajeros en las unidades del transporte público de pasajeros, además de constituir una práctica discriminatoria, representa un atentado
Contra la dignidad de todos los usuarios.

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