domingo, 25 de marzo de 2007

Audiencia Pública sobre Inclusión laboral

Asunción, Paraguay, Sábado 24 de Marzo de 2007
Locales
Diario ABC color
ANALIZAN APLICACION DE LA LEY 2.479/04 SOBRE EMPLEOS PUBLICOS

Discapacidad, trabajo y barreras

Desde barreras actitudinales hasta arquitectónicas y tecnológicas impiden que las personas con discapacidad (PcD) puedan acceder a espacios laborales. La
realidad hace que se creen leyes referentes a empleos públicos para PcD. La aplicación de la ley Nº 2.479/04 se trató, analizó y debatió en una audiencia
pública que tuvo lugar en la sala bicameral del Parlamento nacional.

La inclusión laboral de las personas con discapacidad fue tema de una audiencia pública con debate ayer en la sala bicameral del Congreso nacional. Se estableció
una mesa de análisis buscando soluciones.

La principal barrera es la actitudinal, manifestaron ayer en la audiencia pública de tratamiento, análisis y debate de la situación de aplicación de la
ley 2.479/04 de reserva de empleos públicos para personas con discapacidad, de donde surgen todas las demás barreras, apuntaron en la sala bicameral del
Congreso nacional, en un encuentro que buscó debatir acerca de un mejor cumplimiento de esta ley sobre acceso laboral de las personas con discapacidad
(PcD) en los entes públicos.

Entre otras barreras están las informativas, tecnológicas y arquitectónicas.

Blanca Escobar habló de la realidad de PcD en el interior del país, donde existen caminos intransitables, transportes deteriorados e inaccesibles, numerosas
dificultades económicas para acercarse a la capital para llegar al Inpro, donde se realiza el certificado de discapacidad, entre otros temas.

La ley indica que la PcD debe contar con el citado certificado, que involucre un 40% de discapacidad, aunque desde la Organización Mundial de la Salud se
establece un 33%.

Representantes de diversas organizaciones e interesados en general asistieron ayer al encuentro donde hubo mucha participación, diálogo y propuestas.

La licenciada María José Asunción Cabezudo, de la Fundación Saraki, apuntó que falta una reglamentación adecuada y que la carencia de acceso va mucho más
allá de las barreras arquitectónicas. Se está trabajando con una mesa de análisis, con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados,
apuntó.

El doctor Julio Fretes Portillo, abogado, coordinador jurídico del proyecto de inclusión laboral, enfatizó que es necesaria una voluntad decisiva de aplicar
la ley, que es de hecho obligatoria, porque la realidad no abre las posibilidades de que la situación se dé en forma natural para todos. Recordó que la
ley menciona un porcentaje de discapacidad del 40% y también habla de idoneidad y capacidad, aunque todavía no están desarrolladas las herramientas que
permitan dichas características, al tener las PcD serios problemas para acceder a la educación, salud, recreatividad, etc.

Las soluciones deben ser múltiples y no sólo paliativas.

La inclusión laboral involucra la aplicación de los recursos necesarios desde rubros hasta tecnología adecuada.

Existen algunas entidades que sí cumplen y en ocasiones superan ese mínimo de 2%, como ocurre en el IPS, ANDE y Aduanas, según se mencionó.

Rubén Franco, del Inpro, habló de la certificación de discapacidad, que se realiza desde enero del 2005. En el 2006 hicieron 247 certificaciones y, en total,
desde hace 3 años, han realizado 612 certificados.

Esto es una señal de alarma, teniendo en cuenta que según estudios del exterior en el país habría entre un 10 a 15% de personas con algún tipo de discapacidad,
lo que equivaldría aproximadamente a 600.000 personas.

Nila de Rotela, de la Fundación Alegría, dio el ejemplo de su hija con síndrome de Down, que había sido contratada por seis años en una empresa, que luego
cerró. Hoy trabaja como voluntaria en otra institución. Esa experiencia laboral, desde la visión familiar y del entorno, fortaleció enormemente la autoestima
e independencia de su hija, que se siente útil y capaz, a la par que le ocurre a toda persona que se siente realizada.

Emilio Pineda, de la Asociación de Sordos del Paraguay, hizo una evaluación de la realidad y apuntó que debe abarcarse mucho más que el aspecto médico.
Indicó que el Inpro necesita más recursos y más especialistas. Benicio Díaz, de la Organización Paraguaya de Ciegos, sugirió incrementar el porcentaje
de inclusión del 2 al 4%, mientras otro participante advirtió que en realidad no debería hablarse de porcentaje, teniendo en cuenta el derecho laboral
de todas las personas.

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