IV Conferencia Latinoamericana Julio Fretes Portillo

IV Conferencia Latinoamericana Julio Fretes Portillo

Informe latinoamericano de RIADIS acerca de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

Octubre, 2009

Luis Fernando Astorga Gatjens

Introducción
Para esta IV Conferencia Latinoamericana, la RIADIS le solicitó a todos sus organizaciones afiliadas un informe del país, relacionado con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo.

En función de contar con informes nacionales, más o menos uniformes, a todas las organizaciones miembros se les envió un cuestionario con preguntas sobre la firma y ratificación de la convención y el protocolo opcional, sobre avances en la implementación del tratado, sobre el papel de las organizaciones de personas con discapacidad en estos procesos, etc.

Hasta la fecha de elaboración de este informe –síntesis latinoamericano, se han recibido 17 informes de igual número de países: Solo está pendiente de recepción uno. Los informes han sido elaborados a través del trabajo, conjunto y mancomunado, de las organizaciones afiliadas en esos 17 países latinoamericanos.

Ya con las respuestas a mano, nos abocamos a la tarea de organizar la información recibida en un cuadro-matriz, en el cual están colocados horizontalmente los países y, de manera vertical, los temas sobre los que se les preguntó.

En este cuadro podrán observar todas las respuestas, y relacionarlas y compararlas con las respuestas ofrecidas para los distintos países. Por las limitaciones de espacio, este cuadro está dividido en dos bloques de países: Por una parte, está el bloque compuesto por los seis países centroamericanos, México, Cuba y República Dominicana. El otro bloque está conformado por los nueve países sudamericanos.

Es necesario aclarar que no hay información de Bolivia, en virtud de que la RIADIS, en el presente, no cuenta con ninguna organización afiliada en ese hermano país sudamericano.

Toda la información recolectada representa invalioso insumo tanto para obtener una radiografía sobre la evolución del proceso de firma y ratificación de esos dos importantes instrumentos de derechos humanos como para conocer los pasos que se han dado (o no) en materia de implementación de las disposiciones de este tratado.

La RIADIS nació casi simultáneamente que cuando arrancó el proceso de negociaciones en Nueva York. La III Conferencia de la RIADIS, celebrada en Panamá en mayo-junio, 2007 se realizó, contando como telón de fondo una buena convención aprobada en Nueva York (13 de diciembre, 2006) y recién abierta a la firma (30 de marzo, 2007).

Ahora, esta IV Conferencia Latinoamericana Julio Fretes Portillo tiene como alentador trasfondo, que este tratado ya es ley a cumplir en casi todos los países de la región de América Latina y El Caribe. Por ello, hemos convertido en tema central de nuestra Conferencia de Cartagena, la implementación efectiva de la Convención y el monitoreo y seguimiento, que debe darse para procurar que sus disposiciones se cumplan.

Liderazgo latinoamericano
Después de que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fuera aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se abriera a la firma de los Estados, la región de América Latina y El Caribe, arrancó con un proceso de ratificaciones del tratado y su Protocolo Facultativo, que le ha permitido alcanzar un sobresaliente liderazgo internacional, en ese campo.

Hasta hoy (25 de setiembre, 2009), 19 de los 21 países que conforman la región ya han ratificado esta primera convención de derechos humanos del Siglo XXI.

Es oportuno recordar que América Latina está integrada por todos los países y territorios dependientes que hablan español, portugués o francés; es decir idiomas derivados del latín. El extenso territorio va desde el Río Grande (fronterizo entre México y Estados Unidos) hasta la Patagonia argentina. La región cuenta con 17 países en el continente, mientras cuatro son islas: Cuba, República Dominicana, Haití y Dominica. Entre los territorios dependientes encontramos a Puerto Rico, Guadalupe, Matinica y la Guyana Francesa.

El importante papel que desempeñó Latinoamérica en la génesis del proceso, a través de México y la activa participación de algunos países como el mismo México, Ecuador, Costa Rica y otros, en las negociaciones del tratado, se ha proyectado tanto a través del número de países que firmaron la Convención y su protocolo opcional, como a través de las sucesivas ratificaciones de uno y otro instrumento.

Muy buenos números
Cuando el tratado y su protocolo facultativo se abrieron a la firma, 15 países de la región firmaron la Convención mientras que 12 firmaron el protocolo. Posteriormente, otros países firmaron el tratado: cinco y otros cinco, el protocolo opcional.

Hasta el presente, 19 países latinoamericanos aparecen como firmantes de la Convención y el mismo número la han ratificado.

Han ratificado la Convención: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

De la red de países presentes en la RIADIS, sólo están pendientes en la ratificación del tratado: Bolivia. Por su parte, en el caso del protocolo todavía no lo han suscrito Colombia, Cuba, Uruguay y ya lo firmaron pero no lo han ratificado: Nicaragua y Bolivia. Honduras estaba en esta misma situación, pero recientemente lo ratificó.

Al revisar el sitio Web de la ONU que registra estos datos, se podrá apreciar que algunos países no aparecen entre los que ya han ratificado la Convención, aún cuando ya el poder legislativo de esas naciones ya lo hizo e, incluso, también fue promulgado y ya forma parte del sistema jurídico de esos países.

Esto se debe a que todavía no se ha completado el depósito ante la Secretaría General de la ONU. Es necesario recordar que una vez que el Secretario General de la ONU, recibe la comunicación oficial del Estado de que ya ratificó la Convención (o el protocolo opcional), se debe esperar un mes a partir de la fecha de recepción de la comunicación oficial. Tal fecha es la que la ONU registra, oficialmente, en la ratificación de tales instrumentos internacionales. Por ejemplo: Ecuador entregó ese instrumento de ratificación el 3 de abril, 2008 a la Secretaría General de la ONU y su depósito está fechado el 3 de mayo, 2008; es decir un mes después. Valga destacar que la Cancillería ecuatoriana, fue muy eficiente y oportuna, que son ratificación hizo historia, ya que al ser el vigésimo, permitió la entrada en vigor internacional de la Convención.

En la situación señalada está Venezuela que ratificó la Convención y el protocolo, el 6 de agosto del presente año. En el caso de Colombia, el proceso de depósito no se ha iniciado, ya que aunque el tratado fue aprobado por las dos cámaras legislativas (Cámara de Representantes y Senado) el 31 de julio, 2009, todavía se está en espera de resolución la consulta formulada ante la Corte de Constitucionalidad. Consecuentemente, todavía no se ha completado el proceso de ratificación; aún cuando se da por un hecho que finalizará muy pronto.

Consecuentemente, el balance en materia de ratificación de la Convención, es altamente alentador a la largo de nuestra región. En lo que se refiere al protocolo es menos, pero igualmente hay números positivos, que esperamos que vayan mejorando, gracias a las labores de incidencia política que podremos impulsar en el futuro cercano.

Este avance significativo en la ratificación del tratado por los países latinoamericanos, es fruto de una combinación de factores concluyentes: Uno tiene que ver con el liderazgo de México en la génesis de este proceso, al proponerlo en la Cumbre contra el Racismo de Durban y trabajar por él en la ONU. Otro relevante son los esfuerzos también de la misión de México en la ONU y de otras como la ecuatoriana y costarricense, que le dieron un buen impulso al proceso de negociaciones y ayudaron a madurar el proceso ulterior, en las Cancillerías latinoamericanas. Pero esta fragua estaría muy incompleta, si no se reseña el valor del trabajo organizativo y de incidencia política, dirigido a la firma y ratificación de la Convención y el protocolo, realizado por muchas organizaciones y líderes de los movimientos de personas con discapacidad de países latinoamericanos y caribeños.

La RIADIS en el proceso
Los números de éxito que observamos hoy son fruto de esos esfuerzos, de un movimiento que crece y aprende al calor del proceso de la Convención. Y dentro de esos esfuerzos, sin lugar a dudas, la RIADIS y sus organizaciones miembros tienen un mérito singular y destacado.

Cabe recordar que aquí la RIADIS formó parte del Caucus Internacional sobre Discapacidad (IDC, en sus siglas en inglés) y que junto al Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI) y Handicap Internacional (HI), fue actor y promotor activo del “Proyecto Sur”. Oportuna iniciativa de incidencia política que desde le sur, llevó voces influencias para vestir de exclusión y desarrollo el tratado y que contribuyó, en forma madura y unitaria, en afianzar la legitimidad del Caucus.

Asimismo es destacable el trabajo, intenso y eficaz realizado por la RIADIS y el IIDI, de divulgar y llevarle, eficientemente, el pulso al proceso de la Convención a través de la lista Yahoo Discapacidad y Derechos Humanos. Esta fue una semilla educativa en el campo de los derechos de las personas con discapacidad, que ha dejado una huella significativa, que también ha contribuido al logro enunciado.

Igualmente, cabe destacar en el marco de este logro latinoamericano (que es liderar la ratificación del tratado), el intenso y eficaz esfuerzo desarrollado por RIADIS, por medio de su programa latinoamericano de capacitación sobre la CDPD. Con este proceso, que debemos de concluir en los meses venideros, la RIADIS puso a pensar y a trabajar en planes de acción para la ratificación e implementación del tratado a casi ochocientos latinoamericanos y latinoamericanas, a través de 10 seminarios en igual número de países. No se conoce ningún proceso similar desarrollado, ya por las organizaciones mundiales o regionales de personas con discapacidad. Este proceso ha sido semilla y abono para hacer germinar el logro.

Contexto internacional
Pero antes de seguir contextualicemos:

Según el sitio Web de la ONU (www.un.org/spanish/ http://www.un.org/spanish/disabilities/), hasta el presente mes de setiembre, 2009:

142 Estados han firmado la Convención; lo cual representa un número elevado, ya que sólo 50 estarían pendientes de hacerlo. Consecuentemente, casi un 74 % ya lo han hecho.
85 son signatarios del Protocolo Facultativo.
66 países han ratificado la Convención (34,37 %). Poco más de un tercio de los 192 países que componen la ONU, y
44 ya ratificaron el protocolo opcional.
Es importante destacar que hace falta que 14 Estados depositen su instrumento de ratificación, para alcanzar las 80 ratificaciones necesarias para completar los 18 miembros, con los que debe contar el comité de monitoreo o Comité Internacional. Tal avance se le debe mucho a Latinoamérica y sin dudad, dentro de esos 14 que hacen falta, habrá algunas de la región.

Hay que recordar que este comité u órgano del tratado tiene la importante función de vigilar la implementación del tratado así como ser receptor de denuncias de violaciones de derechos de las personas con discapacidad contra los Estados.

Implementación del tratado: El gran desafío del presente
El liderazgo mostrado por América latina hasta el presente y que se refleja, claramente, en los significativos avances en materia de firma y ratificación de la Convención y su protocolo, debe ahora manifestarse en acciones y políticas de los Estados, orientados hacia la implementación de las disposiciones del tratado.

Ese es el gran desafío, tomando en cuenta la enorme distancia que se ha dado en la región entre normas que protegen los derechos humanos y la práctica efectiva.

Al examinar los 17 informes nacionales recibidos, la conclusión general es que todavía la Convención no se ha empezado a implementar, en forma efectiva. Se podría pensar –para no ser pesimistas—que todavía ha transcurrido poco tiempo entre el momento de la ratificación y el presente. Esa es una explicación válida para muchos países que tienen un año o menos de haberla convertido en ley propia, pero se empieza a debilitar para países que ya han cumplido dos años o los cumplirán en los meses próximos.

Cabe decir que podrían estar mediando dos situaciones en este relativo atraso en la aplicación efectiva de disposiciones de la Convención. La primera tiene que ver con un defecto arraigado en la cultura política latinoamericana: “Las normas (especialmente las que reconocen derechos humanos) se aprueban para no cumplirse o para cumplirse a medias o simbólicamente.”

Efectivamente, cuando uno conoce a muchas legisladoras y legisladores que dieron su voto para ratificar este tratado, se da cuenta que lo dieron sin darse cuenta de la importancia y repercusiones futuras de su decisión. Muchas y muchos todavía no se han percatado que con esta Convención, muchas cosas deben de cambiar y que es necesario, después de colocar al tratado como parte del sistema jurídico del país, es necesario incluir a las personas con discapacidad y sus familias, en la agenda del desarrollo, mediante políticas políticas públicas y acciones incluyentes.

Por otra parte, muchas y muchos funcionarios del poder ejecutivo siguen pensando en acciones caritativas y micro-programas simbólicos, que no se orientan a resolver los graves problemas, que enfrentan las personas con discapacidad. Se trata de funcionarios a los que no les ha llegado el aliento transformador del tratado o lo han percibido hasta ahora, como una leve brisa.

Otra situación que emerge en la coyuntura actual y que podría ser causa del incumpliendo de disposiciones del tratado, es la crisis global y sus hondas repercusiones en nuestros países. Ya en muchos de nuestros países se han cerrado programas sociales, con el argumento de las dificultades económicas que enfrentan los presupuestos nacionales. Lo que pasa es que son tan limitados y escasos los recursos que hoy y en tiempos recientes, se destinan a atender las necesidades y derechos de las personas con discapacidad, que cualquier reducción es casi imposible, debido a los empujaría al cierre.

Todos nuestros países se comprometieron a trabajar por la consecución de las Metas del Milenio para la reducción de la pobreza. Está claro que el cumplimento de tales metas cada vez se aleja más y que lo que se ha avanzado hasta ahora, casi no ha repercutido en la pobreza asociada con discapacidad.

A partir de la CDPD y de una reformulación de estas Metas, donde se coloque la pobreza que va asociada con la discapacidad (como causa y consecuencia), los países debe realizar un mayor esfuerzo político, económico y programático, en función de atender las personas con discapacidad, especialmente las que viven en condiciones de miseria y pobreza.

Este tratado colocó una artículo que nos puede servir de barómetro sobre el compromiso de cumplimiento departe de los Estados y gobiernos, con respecto a la Convención. Se trata del artículo 33, que en su inciso 1, le fija a los Estados la tarea de crear un mecanismo institucional para impulsar la implementación del tratado.

En este campo los avances hasta el presente son paupérrimos. En la mayoría de los países, este no ha sido un tema de debate y menos de concreción. En otros, sin mucho pensarlo, le podrían estar fijando la importantísima función, a entidades, débiles e inoperantes.

Podemos pensar que el incumpliendo de hoy todavía está dentro de cierto marco de razonabilidad. Podríamos decir que éste debe ser un momento para crear las condiciones adecuadas para, de manera sostenida, avanzar en la implementación del tratado. Sin embargo, si el tiempo sigue pasando y no vemos actividad y movimientos en torno a la CDPD en las entidades públicas, debemos a empezar a inquietarnos.

El peligro es que la Convención no trascienda de ser una norma más (una norma buena y bien intencionada) pero cuyo destino, es su incumpliendo total o su cumplimiento puntual, limitado y perennemente lento. Hay que sacudir el polvo burocrático de las instituciones para que esto no suceda.

A trazar el avance deseado
La Convención tiene un carácter programático y plantea una conjunto de normas, que deben de empezarse a cumplir a través de una serie de políticas públicas, que muestren un cambio sostenido y sostenible.

Este Convención, al tenor de lo que se expresa en su artículo 4, correspondiente a las obligaciones de los Estados, debe modificar tanto normas jurídicas y administrativas como costumbres y prácticas, que han contribuido, directa o indirectamente, a mantener en ese estado de pobreza y exclusión, a las personas con discapacidad.

“En todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad”, vistos de una manera integral, deben de tomarse en forma efectiva, práctica y concreta, por parte de los Estados. Esto no es otra cosa que la aplicación práctica de un desarrollo incluyente.

Lo que nos mandata este tratado es que no se debe construir infraestructura pública o privada que dé servicio al público sino se garantiza accesibilidad física, segura y de calidad, para todas las personas. Las entidades gubernamentales deben dictar normas específicas con tal propósito y cumplirlas y hacerlas cumplir, con todo rigor. Es éticamente inaceptable que se construya infraestructura que perennice la exclusión.

De igual manera, los servicios públicos informativos, de comunicación y transporte, deben ser accesibles para todas las personas. El formidable desarrollo tecnológico alcanzado posibilita tal accesibilidad a cada vez más bajos costos. Las entidades gubernamentales (nacionales como locales) deben trabajar en políticas y programas, que garanticen el avance progresivo y sostenible en la accesibilidad universal en tales servicios. No hacerlo, contribuiría a mantener en la postración y la pobreza a millones de personas con discapacidad.

En este ámbito de acceso a la información, es imprescindible que los Estados impulsen políticas y acciones urgentes encaminadas a reducir, en forma eficaz, la doble brecha digital y la falta de acceso a las TIC, que enfrentan las personas con discapacidad, por su condición de ser pobres y por su discapacidad.

En el campo educativo, los Estados deben de garantizar y ofrecer educación inclusiva, a todas las personas, asegurando dotar a las personas con discapacidad en las diferentes etapas de su existencia, de ofertas educativas de calidad, que les posibilite el mayor desarrollo humano posible. Es necesario que las personas con discapacidad alcancen la formación adecuada, en arreglo a sus condiciones personales y potencialidades, para producir y trabajar.

Sin educación las posibilidades de insertarse en el aparato de producción de un país o una comunidad, son casi nulas para cualquier persona y completamente nulas para las personas con discapacidad. Consecuentemente, la pobreza asociada a discapacidad, tiene como un medio fundamental para romper el círculo, políticas educativas que permitan llegar a todas las aulas a las personas con discapacidad, para ofrecer una mano de obra de calidad; ya para el mercado competitivo, ya para el auto-empleo o cualquier otro ámbito.

Por otra parte, en una necesaria etapa de transición entre la exclusión laboral y productiva de las personas con discapacidad y su inclusión, sin restricciones y prejuicios en entornos abiertos y accesibles en los mercados laborales privados, es necesario impulsar programas inmediatos, que incluyan incentivos atractivos para las empresas y programas de acción afirmativa eficaces, que de manera efectiva, contribuyan a reducir el desempleo y la discriminación laboral contra las personas con discapacidad. Asimismo, las entidades públicas deben abrir sus puertas a servidores públicos con discapacidad, incluso dictando normas que prioricen la contratación de personas con discapacidad cuando cumplan los requisitos establecidos de manera similar a otros oferentes sin discapacidad.

En el campo de la salud, los Estados deben impulsar políticas y programas públicos, que garanticen el acceso a los servicios de salud de las personas con discapacidad tanto de zonas urbanas como de rurales y remotas. Eso incluye la formación de personal médico y técnico con una visión distinta de la discapacidad, lugares y servicios accesibles y tratamientos para atender padecimientos propios de personas con discapacidad, entre otros. Tales medidas serán muy importantes en la prevención de nuevas deficiencias o de agudización de las existentes.

En relación con las necesidades de protección social a las personas con discapacidad, sometidas a duras condiciones de pobreza, los gobiernos deben de impulsar y ejecutar políticas y programas que les mejoren su existencia, reduzcan la pobreza y sufraguen gastos relacionados con su condición. Este tipo de acciones son muy importantes para evitar que los de por si disminuidos ingresos de una familia pobre, se reduzcan más por atender ese tipo de gastos. Esas políticas deben también orientarse a ofrecer alternativas de cuidado y atención a personas con discapacidad, que posibiliten la actividad productiva y la generación de ingresos de miembros de la familia, que, por lo general, se ven obligados a sólo ser cuidadoras o cuidadores, carentes de otras alternativas u horizontes.

El rol de las organizaciones de personas con discapacidad
Estamos convencidos que no debemos de esperar que un fuerte proceso de implementación se va a dar por generación espontánea y por la sola iniciativa de los gobiernos. Tal situación no se va a producir, a menos que emerjan en la región, gobiernos muy comprometidos y responsables en la región, que tengan como centro de mira a las y los grupos excluidos y entre ellos, a las personas con discapacidad y sus familias.

La Convención es una herramienta para propugnar por un cambio, pero es una herramienta que hay que esgrimir. Se requerirá mucho trabajo de incidencia política de las organizaciones de personas con discapacidad y sus aliados para avanzar en el logro de políticas inclusivas y transversales, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las y los excluidos con discapacidad.

La Convención nos ofrece la oportunidad de contar con argumentos jurídicos, políticos y de desarrollo social, para luchar por un cambio en el mundo de la discapacidad.

Obviamente que tiene que haber un actor que esgrima esa herramienta, con fuerza e inteligencia, y que utilice esa oportunidad para impulsar ese cambio social y cultural deseado. Ese actor son las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias. Hemos sido las y los expertos en construir la Convención; ahora debemos de ser o convertirnos en las y los expertos para impulsar su implementación en nuestros países.

Tenemos que conocer a fondo el tratado y su protocolo opcional, para saberlo utilizar dentro de una ilógica de exigibilidad razonada de los derechos. Eso nos desafía a labores de divulgación y capacitación, práctica y efectiva.

Tenemos que conocer mejor nuestra realidad económica, social y política de nuestros países, para formular propuestas, realistas, creativas e inteligentes, orientadas a convertir las normas del tratado en políticas y acciones viables y efectivas. Esto nos obliga a estudiar más, a profundizar nuestros conocimientos.

Tenemos que perfeccionar nuestros conocimientos y destrezas en la incidencia política, ya que el éxito de nuestros planes y acciones políticas, va a depender del uso adecuado de ese tipo de conocimientos. Esto nos reta y obliga a pasar de la artesanía de la incidencia política a un ser profesionales de ese arte para el cambio.

Tenemos que fortalecer nuestras organizaciones, tanto en lo interno como promoviendo la unidad en los movimientos asociativos de nuestros países. Esto nos obliga y desafía a ser maduros y flexibles, para trabajar juntos y crear redes unitarias que nos faciliten la tarea y nos acerquen al logro de los objetivos.

Tenemos que trabajar con otros sectores y grupos de la sociedad y civil, ayudándolos a que superen sus prejuicios acerca de la discapacidad y permitiendo la acción solidaria, en forma recíproca. Esto nos obliga a salir del ostracismo, en el que ha estado anclado el movimiento de personas con discapacidad.

En todas estas líneas de pensamiento y acción, la RIADIS está comprometida. En esta IV Conferencia Latinoamericana, dedicada a la memoria del insigne luchador Julio Fretes Portillo, y en esta deslumbrante y hermosa ciudad del Caribe colombiano, hagamos nacer, en parto floreciente y creativo, los planes que al cumplirse, harán más felices a las personas con discapacidad de Nuestra América.

San José, 25 de setiembre, 2009.